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Publicado el 04/10/2019 en Noticias
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El PP alerta del “contratazo” que el gobierno de Entrena en la Diputación pretende poner en marcha con la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad

  • Uno de los acuerdos del pliego es el de “forzar” al pleno a “delegar” en el presidente de la Diputación de Granada “cualquier acto o trámite que conllevara el desarrollo de este contrato, incluida la propia adjudicación del mismo”
  • El “contratazo” ronda los 13 millones de euros y afecta a 65 trabajadores
  • Los trabajadores de la empresa de seguridad están preocupados por su futuro, después de que la adjudicataria les haya adeudado durante meses varias nóminas ���PvnsF�

El grupo popular en la Diputación ha sacado a la luz el “contratazo” que el gobierno del socialista José Entrena en la Institución Provincial pretende poner en marcha con la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad.

El 12 de septiembre, en pleno extraordinario, el gobierno de la Diputación aprobó, con el voto en contra del PP, la prórroga del contrato de seguridad vigente hasta el mes de diciembre, además de las cláusulas técnicas y administrativas de un nuevo contrato para adjudicar la vigilancia y seguridad de todas las instalaciones e inmuebles de la Diputación Provincial.


El diputado provincial del PP Fernando Pérez habla de cuestiones “raras y que chirrían” en el citado pliego de condiciones y lo tacha de “arbitrario”. Entre otras, que de los 100 puntos a valorar a las propuestas que presentan las distintas empresas interesadas en licitar, 30 “podrán ser fiscalizados” por los grupos políticos, mientras que 70 quedan al “libre albedrío” del presidente socialista de la Diputación y de su “mayoría absoluta”.


Además, el popular ha llamado la atención sobre el hecho de que el 26 de agosto el vicepresidente primero y responsable de Contratación, Pedro Fernández, registrase en el servicio de Contratación la propuesta para iniciar el nuevo contrato del servicio de vigilancia y seguridad. “Lo llamativo es que con la misma fecha, 26 de agosto, hay un documento firmado por el director de Seguridad en el que se afirma que el pliego de prescripciones técnicas del contrato cumple con lo dispuesto”. “Pasaron de no hacer absolutamente nada y permitir que los trabajadores estuviesen varios meses sin cobrar a que en el mismo día lo ejecutan todo”, ha señalado Fernando Pérez, quien ha apostillado que esto “no es muy normal” en el desarrollo diario de cualquier administración pública.

Y como tercer punto “irregular” en este “contratazo” los populares han advertido que en uno de los acuerdos del pliego es el de “forzar” al pleno a “delegar” en el presidente de la Diputación de Granada “cualquier acto o trámite que conllevara el desarrollo de este contrato, incluida la propia adjudicación del mismo”.

“Hablamos de un contrato de 13 millones de euros y 65 trabajadores afectados, pero José Entrena no quiere que el pleno cumpla con sus funciones de control y fiscalización de un contrato tan importante”, ha censurado Fernando Pérez, quien ha acusado al dirigente socialista de “hurtar” una de las principales actuaciones que tiene el pleno y más en un contrato de la “envergadura” del de seguridad.

Pérez ha asegurado que el futuro “contratazo” que pretenden adjudicar puede “pasar factura” a la Diputación de Granada. Según el diputado, en primer lugar, por la cuantía que tiene establecida, casi 13 millones de euros, y por los “antecedentes” del mismo, en relación a la situación laboral que soportan los trabajadores de seguridad.

“Los trabajadores de la empresa de seguridad están preocupados por su futuro, después de que la adjudicataria les haya adeudado durante meses varias nóminas”, ha aclarado.

El contrato de seguridad que tiene actualmente la Diputación de Granada proviene de una resolución de presidencia de mayo de 2017, con una adjudicación por dos años vigentes a partir del 1 de julio de 2017, prorrogables por dos años más. “Nuestra sorpresa es que en junio de este año, pocos antes de constituirse el nuevo gobierno de la Diputación, José Entrena autoriza una prórroga del contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019, justificando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio”, ha informado Fernando Pérez.

El diputado provincial ha explicado que esta “premura” despertó las “sospechas” del grupo popular, puesto que el PSOE pasó de “no hacer nada con el servicio de seguridad en el último año” a coger “velocidad de crucero” y prorrogar el contrato “de un día para otro”, máxime cuando fue el vicepresidente primero de la Diputación, Pedro Fernández, el que reconoció públicamente que la empresa adjudicataria mantiene deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Los populares aluden a las “prisas” porque el contrato se adjudique “cuanto antes”, evitando la “transparencia y control” en el mismo.

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